martes, 15 de febrero de 2011

EGIPTO: del pasado Nasserista a los dilemas políticos del presente


Los levantamientos populares en las principales ciudades de Egipto (El Cairo, Alejandría, Suez) en contra del presidente de facto Mubarak, demostraron algunas fisuras en el interior de la propia sociedad egipcia y en el mundo árabe. Resulta interesante poner sobre la mesa algunos factores históricos, económicos y políticos para dar cuenta del panorama de la región, caracterizado por un quiebre de sus regímenes políticos ocurridos desde la situación política de Túnez, que implicó el derrocamiento de su presidente Ben Ali. Además, los actuales conflictos en Egipto tuvieron un efecto contagio en las naciones árabes de Yemen y Jordania, donde se impulsaron mecanismos constitucionales para evitar que se produjeran caos sociales. Cabe aclarar que estos regímenes funcionan de una manera antidemocrática porque persiguen a opositores, tienen denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, utilizan el fraude para alterar cualquier resultado del voto popular y rechazan la participacion de partidos políticos. Nunca en sus treinta años de presidencia estableció Mubarak canales institucionales para incorporar al llamado movimiento de los “Hermanos Musulmanes” al poder; más bien se limitó a denunciarlo como una formación política violenta.

Por otro lado, la historia política de Egipto esta atravesada por tres procesos fundamentales: la invasión del Imperio Británico, el nacionalismo de Nasser y la crisis del petróleo. En “Política Británica en el Rio de la Plata”, el maestro Scalabrini Ortiz compara la influencia anglosajona en el Rio de la Plata con la primera ocupación importante del Imperio Británico que se dio en Egipto en 1882. El Primer Ministro británico Disraeli había “negociado” pocos años antes en cuatro millones de libras con el kedive egipcio Ismael una gran parte de las acciones del canal de Suez a fin de asegurarse una influencia geopolítica sobre esa relevante vía marítima en la política mundial, ya que conecta al Mar rojo con el Mar Mediterráneo. El profesor Hasan al Bana crea en 1928 el movimiento de los Hermanos Musulmanes en la ciudad de Ismailia, ubicada en el canal de Suez, con el objetivo de lograr una recuperación del Islam dentro de un contexto político moderno. Si bien el imperio británico detentó en Egipto un control absoluto de las estructuras sociales en clara colaboración con las elites locales y el rey Faruq, los Hermanos Musulmanes obtuvieron un notable crecimiento de miembros y una expansión hacia otros países árabes.

El golpe de estado de 1952, realizado por la organización de oficiales libres –que tenía como miembro a Gamal Abdel Nasser- marcó un hito histórico en la política interna de Egipto porque terminó con la monarquía de Faruq y confrontó con los imperios de Gran Bretaña y Francia. También, el liderazgo nacionalista y populista de Nasser, junto con Tito y Perón provocaron un reposicionamiento de Egipto junto a otras naciones árabes y del mundo desarrollado en el campo de las relaciones internacionales con la denominada “tercera posición”, con el objetivo de ser una vía alternativa al capitalismo americano y al centralismo burocrático de la Unión Soviética. Sin embargo, algunos Estados del Tercer Mundo mantuvieron relaciones comerciales con sus respectivas ex metrópolis en calidad de “neocolonias”.

La medida más importante de Nasser fue la nacionalización del Canal de Suez que derivó en un fuerte rechazo de Francia y Gran Bretaña ya que afectaron sus intereses económicos en la zona. El resultado fue la denominada guerra del Sinai entre Egipto y estas dos potencias europeas –principales accionistas del canal de Suez- e Israel como aliado que había sido reconocido como Estado junto a Palestina a través de un reconocimiento de las Naciones Unidas y fortalecido por la victoria en la guerra con los Estados Árabes -1948- entre los cuales estaba Egipto. En este conflicto bélico, Israel tenia el objetivo de lograr fronteras territoriales seguras mediante la ocupación militar de la franja de Gaza y el canal de Suez, debido a la conflictividad política latente con los países árabes limítrofes, mientras que las potencias europeas apuntaban a una mediación para recuperar el control del canal. La consecuencia fundamental de este enfrentamiento fue la siguiente: Francia e Inglaterra abandonaron sus pretensiones sobre el canal junto a Israel por las fuertes presiones de la Unión Soviética, y Estados Unidos emergía como un actor político clave para el equilibrio geopolítico del Medio Oriente.

De todas formas, las tensiones políticas volvieron en la Guerra de los Seis Días y la región del Medio oriente atravesó nuevas alteraciones que agravaron las relaciones entre los países árabes limítrofes e Israel. En primer lugar, una serie de naciones árabes (Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Irak, Sudan y Argelia) conformaron la alianza anti-israelí con la finalidad de establecer una especie de cerco a Israel, cuya respuesta fue invadir el Canal de Suez, Cisjordania y Jerusalén. No obstante, el conflicto con Palestina permaneció, siendo motivo de problemas recurrentes en la región –hasta nuestros días- y la falta de resolución de algunas consecuencias agravaron la relación en el mundo árabe-israelí. Además, la Guerra de los Seis Días tuvo una influencia directa en la Guerra del Desgaste, la batalla de Badr –Luna Llena-, la Guerra de Yom Kipur y las dos Intifadas en 1987.

Esta configuración político-territorial del Medio Oriente por medio de sucesivos conflictos bélicos, generó dos trasformaciones fundamentales en el orden global: la irrupción de Estados Unidos en carácter de potencia mundial debido al fin de la guerra fría y el constante estado de guerra entre las naciones árabes y el Estado de Israel.

Egipto tuvo un rol preponderante para encontrar una solución, ya que firmó un tratado de paz duradera con Israel -1978- aunque las naciones árabes y algunos sectores militares egipcios rechazaron su contenido que redefinía la lógica política del Mundo Árabe con Israel. El escenario político en Medio Oriente cobró una nueva forma porque el Estado egipcio junto a otras naciones árabes ingresa al esquema de alianzas de las potencias occidentales y el conflicto étnico-político adquiere otra dinámica. En este sentido, los países integrantes de la Liga Árabe decidieron excluir al régimen egipcio, aunque la habilidad política de Mubarak permitiría su vuelta a este Organismo a fines de la década del ochenta.

El estallido de la primera crisis del petróleo -1973- implicó un aumento en los precios de exportación de las naciones aglomeradas en la Organización de Países exportadores de Petróleo –OPEP- y el consiguiente incremento de divisas en los bancos de los países desarrollados. En la mitad de la década del setenta, muchas dictaduras latinoamericanas recibieron este dinero en calidad de “préstamo” que derivó en un mayor crecimiento de sus respectivas deudas externas. Esta crisis mostraba la creciente importancia del petróleo y de las naciones árabes en la economía internacional con una progresiva internacionalización del capital, nuevas modalidades de comercio mundial y el paso de un sistema fordista al “toyotismo”.

Por otro lado, la famosa Intimada -1987- entre palestinos e Israelíes demostraba la aparición de un nuevo tipo de formas de enfrentamiento en la región, mientras que los conflictos bélicos intraestados árabes ocurrieron por la creciente relevancia del petróleo en la economía mundial. No obstante, la gravitación de los Estados Unidos en la política exterior conllevó alianzas con países árabes para favorecer sus intereses imperialistas a costa de hacer peligrar el equilibrio geopolítico del Medio Oriente. De todas formas, la política exterior de Egipto, liderada por su presidente Mubarak, tuvo una clara correspondencia con esta lógica política impuesta de garantizar un cierto status quo que beneficiara al gigante del norte y Europa. Además, muchas naciones árabes como Arabia Saudita, Yemen, Túnez y Kuwait mantuvieron una política similar a la de Mubarak.

Las recientes manifestaciones populares ocasionaron la destitución de Hosni Mubarak debido a las razones políticas, económicas y religiosas esbozadas por los distintos Medios de Comunicación nacionales e internacionales, que tienen sus distintos intereses empresariales. Durante diez días de protesta, los distintos sectores sociales han venido pidiendo elecciones para la instalación de un presidente surgido del voto popular. Sin embargo, Estados Unidos e Israel temen el surgimiento de un régimen político islamista radical, liderado por el movimiento de los Hermanos Musulmanes con posibles alianzas hacia Irán o un gobierno de corte nacionalista conducido por sectores del poderoso ejército egipcio, mientras que la conformación de una coalición política liderada por El Baradei, visto con buenos ojos por la Administración Obama y las naciones Europeas, resulta bastante improbable.

Al dia de hoy las fuerzas armadas ejercen el gobierno, y preparan una reforma constitucional a ser plebiscitada por el voto popular en los próximos meses. Pero queda claro que la complejidad egipcia, y del medio oriente en general no se resuelve solamente habilitando la realización de elecciones libres.

Más allá de la vulnerabilidad socioeconómica de Egipto, el problema estriba en la reconstrucción del tejido social, destruido por la “gestión de Mubarak” y su posterior reinserción en la política mundial. Estos serán los próximos desafíos de los futuros gobiernos egipcios. En definitiva, como dice Antonio Gramsci, “las crisis es cuando lo viejo ya murió y lo nuevo aun no termina de nacer”. Ojalá, el nacimiento de lo nuevo dependa de la imposición de la voluntad del pueblo egipcio por sobre los espurios intereses geopolíticos de Estados Unidos.

miércoles, 2 de febrero de 2011

Complejizar o banalizar

Desnudando falsos debates mediaticos: ni 14 ni 16, Ley Penal Juvenil




En el discurso mediático y político actual el debate por la denominada “baja de edad de imputabilidad” de menores de los 16 a los 14 años de edad se encuentra en el centro de la escena. En realidad, hoy se encuentra pendiente el tratamiento en la Cámara de Diputados de un proyecto que cuenta con media sanción en senadores desde el año 2009, que consiste en la creación de un Derecho Penal Juvenil que abarque de los 14 a los 18 años de edad, con penas inferiores a las de los adultos, y que posiblemente se trate en el mes de marzo de este año.
En el marco de la inauguración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de la localidad de Florencio Varela, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al asunto considerándolo como un “debate estéril” y que evidentemente “el tema de la edad no es una solución de los problemas (…) hay países hermanos como Brasil que tienen la edad de imputabilidad en 12 años y una tasa de homicidios de 32 por cada 100 mil habitantes. En el caso argentino la edad de imputabilidad es de 16 años y la tasa de homicidios es de 6 por cada 100 mil habitantes, lo que quiere decir que este no es el problema”. De esta manera la Presidenta defiende un proyecto que busca profundizar un modelo de país con base en la justicia social, y entiende que la baja en la edad de imputabilidad no es más que un paliativo a una realidad social que necesita de una profunda reestructuración, a través de acciones que logren disminuir los índices de violencia a partir de políticas directas e indirectas que reformen las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, desde las fuerzas policiales, el servicio penitenciario y los jueces de menores. Debatir sobre la baja en la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años nos aleja del centro de la discusión, y encubre el verdadero debate que debemos plantear y que se refiere al proceso judicial al que debe enfrentase un menor.
Sin embargo, y por ello, la Presidenta en su discurso también sostuvo que, si bien lo decidirán los legisladores, está de acuerdo con el proyecto aprobado en senadores ya que se trata de “un derecho penal juvenil diferente para darles un marco de protección” a los menores y también se trata de una “adecuación a los tiempos que corren”. Con esto, hizo referencia a que “los chicos de 14 de ayer no son lo que son hoy con 14 años”, y que si hace un año se cambió la mayoría de edad de los 21 a los 18 años, es lógico pensar en contemplar dentro del Derecho Penal a los menores de 14 años, pero necesariamente con un “régimen penal diferente”.
El sistema legal vigente se sostiene bajo una ideología tutelar, heredada de Estados Unidos, por la cual los jóvenes mayores de 16 años son imputables, lo que quiere decir que atraviesan un proceso penal con las mismas garantías que un adulto. En el caso de los menores de 16 años, quedan a cargo de un juez que puede disponer arbitrariamente de su libertad, incluso sin que se compruebe la participación del menor en el crimen que se lo implica. Como afirma Raúl Zaffaroni (Juez de la Corte Suprema de la Nación), el sistema tutelar le quita a los menores las garantías que tienen los adultos y, por lo tanto, es inconstitucional. Mabel Bianco, Presidenta de FEIM y Plenarista electa por las ONG de Género en el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, dice que Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1994, incorporándola a la Constitución Nacional y que una de sus exigencias que aún no se cumplieron es adoptar un régimen penal juvenil.
Ahora, es importante distinguir cuál es la diferencia entre una “baja de edad de imputabilidad” (como se menciona en el discurso mediático hegemónico al tratamiento del debate) y la ley Penal Juvenil.  La llamada baja de imputabilidad significaría “meter a los niños y adolescentes en el mismo Código Penal con las mismas penas que los adultos. Lo hizo la dictadura militar en 1976 y en 1980 tuvo que dar marcha atrás porque nadie puede alterar la naturaleza de las cosas. La ley Penal Juvenil es adecuar nuestra legislación a las garantías que exige la convención internacional, que el juez tenga que imponer una medida después de un proceso, como un adulto” (Zaffaroni), pero se busca que sea necesariamente en última instancia la necesidad de internación del menor.
El proyecto de ley que se encuentra en tratamiento y cuenta con la opinión favorable de la Presidenta, contempla la creación de una Ley Penal Juvenil.
En esta coyuntura, es necesario tener en cuenta el rol de los medios hegemónicos dado que, desde un principio, los antecedentes al tratamiento de este proyecto están atados necesariamente a la cuestión mediática. El caso de Daniel Capristo, un camionero que fue asesinado en Valentín Alsina en abril de 2009 por un chico de 14 años, y la repercusión que recibió en los medios la imagen de su familia en medio de la conmoción, pidiendo que el chico acusado quede preso (y hasta pidiendo que vuelva la pena de muerte), llevó al tratamiento político del tema y el Senado ese mismo año le dio la media sanción al nuevo régimen penal juvenil, tratamiento que se detuvo en Diputados. Luego, el asesinato de un hombre hace unas semanas en la localidad de Tolosa en el garaje de su casa, en el que se sospecha la participación de dos menores de 14 y 15 años, volvió a instalar la discusión en los medios, y luego en la esfera política, hasta llegar al discurso de la Presidenta.
Es también importante el papel que juegan estos medios hegemónicos, alineados a los sectores conservadores y de derecha, sobredimensionando el denominado problema de la “inseguridad” y, en lo que nos ocupa, criminalizando a los menores (y sobre todo a los menores humildes), señalándolos como la causa mayor de estos problemas. Esto se hace de manera directa cuando en los noticieros se magnifican los delitos que cometen y se los menciona como “descontrolados”, “violentos” y sin ningún futuro, pero también de manera indirecta: basta con hacer un simple análisis de la cantidad  de tiempo que le dedican diversos programas a mostrar chicos y adolescentes en la salida de locales bailables del conurbano, donde más ausente está el acompañamiento de la sociedad en su conjunto, y la carencia de imágenes de menores realizando actividades en establecimientos educativos o realizando actividades comunitarias, y no es que estos últimos no existan e incluso puedan ser los mismos menores.
Observando la televisión actual, si bien todos los canales hegemónicos abordan la temática de la inseguridad, no es llamativo que el canal de la Capital que más se dirige a estigmatizar a los menores sea América, siendo que uno de sus dueños es el empresario colombiano Francisco De Narvaez, cuya principal “propuesta” para su última campaña política fue “el mapa de la inseguridad”. A través de estos mecanismos y en este contexto, donde además es más dramático instalar que la delincuencia es un problema de los menores, los medios hegemónicos intentan mostrar un Estado ineficiente para resolver el problema, y buscan que la sociedad solicite represión, siendo la misma derecha la que quiere garantizarla.
Este discurso de estigmatización a los menores también es directamente funcional a los intentos de volver a instalar el servicio militar obligatorio que realizó con poca repercusión el PRO hace algunos años y el diputado Olmedo de Salta durante el 2010. Más concreto llegó a ser el intento que se llevó a cabo durante el año pasado para instalar un Servicio Civil en establecimientos militares (proyecto impulsado por Julio Cobos, con apoyo de varios sectores de la oposición, incluso la Coalición Cívica), lo cual hubiese sido un camino directo a los cuarteles. Gracias a la convicción del Gobierno, estos proyectos no prosperaron y fueron rechazados, pero sientan un antecedente muy claro sobre la intención que los sectores conservadores y de derecha tienen para con los menores y los jóvenes en la Argentina que plantean. Intereses políticos se cruzan con los mediáticos cuando ambos tienen mucho que perder por las políticas del gobierno nacional.
Desde otra visión, en diferentes sectores de izquierda y centroizquierda, como por ejemplo la Diputada Victoria Donda de Libres del Sur, y también dentro del mismo Frente para la Victoria, hay quienes consideran que este proyecto de ley es restrictivo y condenatorio hacia los menores. Pero es muy fácil caer en el error de rechazar el proyecto sin tener en cuenta la situación actual, que es mucho peor para los menores. Este nuevo Derecho Penal Juvenil que se va a discutir, como su misma denominación lo indica, es diferente al de los adultos, y busca justamente que los menores tengan mayores garantías, y que la privación de la libertad sea sólo en casos de mucha gravedad y cuando estos fueran efectivamente comprobados.

El sistema legal vigente se establece sobre la base de la ideología tutelar, a partir de la cual un juez puede disponer arbitrariamente de la libertad de los menores sin que estos pasen por un proceso penal. Proceso en el cual se esclarezca la participación de la persona en el delito y se lo juzgue con las mismas garantías que a un adulto.
Es importante diferenciar el fin último que busca la Presidenta, a diferencia de los sectores conservadores y de derecha que buscan el castigo para los menores. El motivo por el cual apoya la ley Penal Juvenil es para que ellos tengan las mismas garantías que los adultos pero no las mismas penas, y que la privación de la libertad de los menores de 16 años sea sólo de manera excepcional. Al igual que para Perón, para Cristina encerrar a los chicos no es la solución, sino lograr su readaptación sin que se les prive de su libertad, entendiendo que la verdadera solución a la violencia está en la mejora de las condiciones de vida de la población, que la violencia social de hoy es consecuencia de años de violencia institucional -ya que hambre, discriminación, explotación y marginalidad también son violencia- y entendiendo que es aquella que penetra en el entramado social, generando fisuras en el comportamiento que no podemos revertir con acciones represivas y apelando a una mayor violencia y criminalización de la pobreza. Este Gobierno se encargó y se encarga de los menores, como lo declaro la presidenta, a través de la implementación por un lado de políticas directas como así también de políticas indirectas, refiriéndose entre otras a la educación, la generación de trabajo y la igualdad de oportunidades.
Es en este marco que se expresa una de nuestras responsabilidades como cientistas sociales: la de poner nuestras capacidades al servicio de la reformulación de las instituciones, reduciendo la brecha entre el Estado y la sociedad, para cristalizar en el Estado una justicia social duradera, exigida por el pueblo. Y para este fin es necesario que nuestra facultad nos dé la posibilidad de formarnos para pensar el Estado, sus instituciones y las políticas públicas, y no para rechazar (por izquierda, en este caso) el accionar estatal; y así poder transformar nuestro conocimiento en acciones que afiancen el lazo entre los hombres y el de las instituciones con éstos.
Apelamos a un gobierno que refleje en sus prácticas las necesidades del pueblo todo. Un Estado que garantice la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, y como en este caso la igualdad ante la ley. Que resguarde y restituya los derechos humanos para todos sus habitantes, con memoria y con proyecto de futuro, porque como dijo Jauretche: “Lo actual es un complejo amasado con el barro de lo que fue y el fluido de lo que será”.


La Cámpora Sociales