Complejizar o banalizar

Desnudando falsos debates mediaticos: ni 14 ni 16, Ley Penal Juvenil

En el discurso mediático y político actual el debate por la denominada “baja de edad de imputabilidad” de menores de los 16 a los 14 años de edad se encuentra en el centro de la escena. En realidad, hoy se encuentra pendiente el tratamiento en la Cámara de Diputados de un proyecto que cuenta con media sanción en senadores desde el año 2009, que consiste en la creación de un Derecho Penal Juvenil que abarque de los 14 a los 18 años de edad, con penas inferiores a las de los adultos, y que posiblemente se trate en el mes de marzo de este año.

En el marco de la inauguración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de la localidad de Florencio Varela, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al asunto considerándolo como un “debate estéril” y que evidentemente “el tema de la edad no es una solución de los problemas (…) hay países hermanos como Brasil que tienen la edad de imputabilidad en 12 años y una tasa de homicidios de 32 por cada 100 mil habitantes. En el caso argentino la edad de imputabilidad es de 16 años y la tasa de homicidios es de 6 por cada 100 mil habitantes, lo que quiere decir que este no es el problema”. De esta manera la Presidenta defiende un proyecto que busca profundizar un modelo de país con base en la justicia social, y entiende que la baja en la edad de imputabilidad no es más que un paliativo a una realidad social que necesita de una profunda reestructuración, a través de acciones que logren disminuir los índices de violencia a partir de políticas directas e indirectas que reformen las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, desde las fuerzas policiales, el servicio penitenciario y los jueces de menores. Debatir sobre la baja en la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años nos aleja del centro de la discusión, y encubre el verdadero debate que debemos plantear y que se refiere al proceso judicial al que debe enfrentase un menor.

Sin embargo, y por ello, la Presidenta en su discurso también sostuvo que, si bien lo decidirán los legisladores, está de acuerdo con el proyecto aprobado en senadores ya que se trata de “un derecho penal juvenil diferente para darles un marco de protección” a los menores y también se trata de una “adecuación a los tiempos que corren”. Con esto, hizo referencia a que “los chicos de 14 de ayer no son lo que son hoy con 14 años”, y que si hace un año se cambió la mayoría de edad de los 21 a los 18 años, es lógico pensar en contemplar dentro del Derecho Penal a los menores de 14 años, pero necesariamente con un “régimen penal diferente”.

El sistema legal vigente se sostiene bajo una ideología tutelar, heredada de Estados Unidos, por la cual los jóvenes mayores de 16 años son imputables, lo que quiere decir que atraviesan un proceso penal con las mismas garantías que un adulto. En el caso de los menores de 16 años, quedan a cargo de un juez que puede disponer arbitrariamente de su libertad, incluso sin que se compruebe la participación del menor en el crimen que se lo implica. Como afirma Raúl Zaffaroni (Juez de la Corte Suprema de la Nación), el sistema tutelar le quita a los menores las garantías que tienen los adultos y, por lo tanto, es inconstitucional. Mabel Bianco, Presidenta de FEIM y Plenarista electa por las ONG de Género en el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, dice que Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1994, incorporándola a la Constitución Nacional y que una de sus exigencias que aún no se cumplieron es adoptar un régimen penal juvenil.

Ahora, es importante distinguir cuál es la diferencia entre una “baja de edad de imputabilidad” (como se menciona en el discurso mediático hegemónico al tratamiento del debate) y la ley Penal Juvenil.  La llamada baja de imputabilidad significaría “meter a los niños y adolescentes en el mismo Código Penal con las mismas penas que los adultos. Lo hizo la dictadura militar en 1976 y en 1980 tuvo que dar marcha atrás porque nadie puede alterar la naturaleza de las cosas. La ley Penal Juvenil es adecuar nuestra legislación a las garantías que exige la convención internacional, que el juez tenga que imponer una medida después de un proceso, como un adulto” (Zaffaroni), pero se busca que sea necesariamente en última instancia la necesidad de internación del menor.

El proyecto de ley que se encuentra en tratamiento y cuenta con la opinión favorable de la Presidenta, contempla la creación de una Ley Penal Juvenil.

En esta coyuntura, es necesario tener en cuenta el rol de los medios hegemónicos dado que, desde un principio, los antecedentes al tratamiento de este proyecto están atados necesariamente a la cuestión mediática. El caso de Daniel Capristo, un camionero que fue asesinado en Valentín Alsina en abril de 2009 por un chico de 14 años, y la repercusión que recibió en los medios la imagen de su familia en medio de la conmoción, pidiendo que el chico acusado quede preso (y hasta pidiendo que vuelva la pena de muerte), llevó al tratamiento político del tema y el Senado ese mismo año le dio la media sanción al nuevo régimen penal juvenil, tratamiento que se detuvo en Diputados. Luego, el asesinato de un hombre hace unas semanas en la localidad de Tolosa en el garaje de su casa, en el que se sospecha la participación de dos menores de 14 y 15 años, volvió a instalar la discusión en los medios, y luego en la esfera política, hasta llegar al discurso de la Presidenta.

Es también importante el papel que juegan estos medios hegemónicos, alineados a los sectores conservadores y de derecha, sobredimensionando el denominado problema de la “inseguridad” y, en lo que nos ocupa, criminalizando a los menores (y sobre todo a los menores humildes), señalándolos como la causa mayor de estos problemas. Esto se hace de manera directa cuando en los noticieros se magnifican los delitos que cometen y se los menciona como “descontrolados”, “violentos” y sin ningún futuro, pero también de manera indirecta: basta con hacer un simple análisis de la cantidad  de tiempo que le dedican diversos programas a mostrar chicos y adolescentes en la salida de locales bailables del conurbano, donde más ausente está el acompañamiento de la sociedad en su conjunto, y la carencia de imágenes de menores realizando actividades en establecimientos educativos o realizando actividades comunitarias, y no es que estos últimos no existan e incluso puedan ser los mismos menores.

Observando la televisión actual, si bien todos los canales hegemónicos abordan la temática de la inseguridad, no es llamativo que el canal de la Capital que más se dirige a estigmatizar a los menores sea América, siendo que uno de sus dueños es el empresario colombiano Francisco De Narvaez, cuya principal “propuesta” para su última campaña política fue “el mapa de la inseguridad”. A través de estos mecanismos y en este contexto, donde además es más dramático instalar que la delincuencia es un problema de los menores, los medios hegemónicos intentan mostrar un Estado ineficiente para resolver el problema, y buscan que la sociedad solicite represión, siendo la misma derecha la que quiere garantizarla.

Este discurso de estigmatización a los menores también es directamente funcional a los intentos de volver a instalar el servicio militar obligatorio que realizó con poca repercusión el PRO hace algunos años y el diputado Olmedo de Salta durante el 2010. Más concreto llegó a ser el intento que se llevó a cabo durante el año pasado para instalar un Servicio Civil en establecimientos militares (proyecto impulsado por Julio Cobos, con apoyo de varios sectores de la oposición, incluso la Coalición Cívica), lo cual hubiese sido un camino directo a los cuarteles. Gracias a la convicción del Gobierno, estos proyectos no prosperaron y fueron rechazados, pero sientan un antecedente muy claro sobre la intención que los sectores conservadores y de derecha tienen para con los menores y los jóvenes en la Argentina que plantean. Intereses políticos se cruzan con los mediáticos cuando ambos tienen mucho que perder por las políticas del gobierno nacional.

Desde otra visión, en diferentes sectores de izquierda y centroizquierda, como por ejemplo la Diputada Victoria Donda de Libres del Sur, y también dentro del mismo Frente para la Victoria, hay quienes consideran que este proyecto de ley es restrictivo y condenatorio hacia los menores. Pero es muy fácil caer en el error de rechazar el proyecto sin tener en cuenta la situación actual, que es mucho peor para los menores. Este nuevo Derecho Penal Juvenil que se va a discutir, como su misma denominación lo indica, es diferente al de los adultos, y busca justamente que los menores tengan mayores garantías, y que la privación de la libertad sea sólo en casos de mucha gravedad y cuando estos fueran efectivamente comprobados.

El sistema legal vigente se establece sobre la base de la ideología tutelar, a partir de la cual un juez puede disponer arbitrariamente de la libertad de los menores sin que estos pasen por un proceso penal. Proceso en el cual se esclarezca la participación de la persona en el delito y se lo juzgue con las mismas garantías que a un adulto.

Es importante diferenciar el fin último que busca la Presidenta, a diferencia de los sectores conservadores y de derecha que buscan el castigo para los menores. El motivo por el cual apoya la ley Penal Juvenil es para que ellos tengan las mismas garantías que los adultos pero no las mismas penas, y que la privación de la libertad de los menores de 16 años sea sólo de manera excepcional. Al igual que para Perón, para Cristina encerrar a los chicos no es la solución, sino lograr su readaptación sin que se les prive de su libertad, entendiendo que la verdadera solución a la violencia está en la mejora de las condiciones de vida de la población, que la violencia social de hoy es consecuencia de años de violencia institucional -ya que hambre, discriminación, explotación y marginalidad también son violencia- y entendiendo que es aquella que penetra en el entramado social, generando fisuras en el comportamiento que no podemos revertir con acciones represivas y apelando a una mayor violencia y criminalización de la pobreza. Este Gobierno se encargó y se encarga de los menores, como lo declaro la presidenta, a través de la implementación por un lado de políticas directas como así también de políticas indirectas, refiriéndose entre otras a la educación, la generación de trabajo y la igualdad de oportunidades.

Es en este marco que se expresa una de nuestras responsabilidades como cientistas sociales: la de poner nuestras capacidades al servicio de la reformulación de las instituciones, reduciendo la brecha entre el Estado y la sociedad, para cristalizar en el Estado una justicia social duradera, exigida por el pueblo. Y para este fin es necesario que nuestra facultad nos dé la posibilidad de formarnos para pensar el Estado, sus instituciones y las políticas públicas, y no para rechazar (por izquierda, en este caso) el accionar estatal; y así poder transformar nuestro conocimiento en acciones que afiancen el lazo entre los hombres y el de las instituciones con éstos.

Apelamos a un gobierno que refleje en sus prácticas las necesidades del pueblo todo. Un Estado que garantice la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, y como en este caso la igualdad ante la ley. Que resguarde y restituya los derechos humanos para todos sus habitantes, con memoria y con proyecto de futuro, porque como dijo Jauretche: “Lo actual es un complejo amasado con el barro de lo que fue y el fluido de lo que será”.


La Cámpora Sociales