Desde La Cámpora Sociales
entendemos que lo que algunos plantean como una “contradicción legal” o una
“violación de la autonomía universitaria” entre el Artículo 51 del Estatuto
Universitario de la UBA (recogido por la Resolución del CS N° 2.067) y la ley
nacional N° 26.508, aprobada en el año 2009, esconde una situación que avasalla
los derechos de los trabajadores docentes, y en ese sentido reiteramos el
título de este comunicado: “no somos neutrales, siempre vamos a estar del lado
de la inclusión social”.
En nuestra Facultad de
Ciencias Sociales, esta situación ya fue abordada cuando en noviembre de 2011,
el Consejo Directivo solicitó la derogación de la Resolución del Consejo
Superior N° 2.067. Esta resolución, impulsada desde el Rectorado de la UBA,
declara cesante a todo docente regular a partir de marzo del año siguiente a
aquél que cumple 65 años de edad.
La 2.067 se ampara en el
mencionado Artículo 51 del Estatuto que data del año 1958. Es parte de otro
debate, pero que sobre éste, no podemos dejar de mencionar que dichos estatutos
se sancionaron durante la proscripción del peronismo.
Pero volviendo, dada la
gravedad de esta situación, la Comisión de Enseñanza sesionó en carácter
extraordinario el 20 de marzo pasado, dictaminando por unanimidad “prorrogar
las designaciones de todos los docentes interinos hasta el 31 de julio de 2012,
y manifestar la preocupación de la Facultad y la necesidad de atender a la
situación planteada por el Rectorado con relación al cese de designaciones
docentes, y trabajar en una solución de fondo, inclusiva y de largo plazo”.
Esto no es otra cosa que la
expresión de una voluntad colectiva orientada por la doble premisa de plegarse
a la ley nacional en lo que hace a los docentes de entre 65 y 70 años, y de
encontrar una figura capaz de reconocer y retener a notables y valiosos
docentes mayores de 70 que todavía pueden seguir aportando a nuestra Casa de
Estudios.
Para nosotros reclamar la
universalización de la opción jubilatoria a los 70 años y el acceso al 82%
móvil, tal como la ley nacional N° 26.508 dicta, sin discriminar entre
profesores y auxiliares ni entre regulares e interinos, es el camino que
debemos seguir transitando mediante el diálogo y la búsqueda de consensos.
Invitamos a la Comunidad
Educativa de toda la Universidad de Buenos Aires a seguir transitando los
caminos democráticos que nos permitan arribar a una salida con inclusión
social. De otra manera, no sólo se está atentando contra el derecho al trabajo,
y a la vida de los trabajadores docentes, sino también se pone en peligro el
normal desenvolvimiento de la Facultad ya que son más de 160 los docentes que
dejarían de dictar clase, afectando también el normal desarrollo de la cursada.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario